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Un ERTE o un Expediente de Regulación de Temporal de Empleo es una figura que se encuentra enmarcada en la legislación española, con la cual las empresas de nuestro país pueden proceder a la cancelación total o parcial del contrato de trabajo del empleado, o bien de la reducción de la jornada y del horario del mismo.

En un ERE (Expediente de Regulación de empleo), mucho más conocido en nuestro país, la empresa que lo desarrolla suele inferir una serie mecanismos como, por ejemplo:

• REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL.
• SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.
• EXTINCIÓN TOTAL o PARCIAL DE LA VINCULACIÓN LABORAL.

En el ERE, siempre interviene la autoridad laboral competente con objeto de asegurar y avalar que los derechos de los trabajadores no se ven vulnerados en ninguna manera, poseyendo incluso un margen de tiempo habilitado para que los trabajadores y los empresarios negocien hasta alcanzar un acuerdo.

Pero, ¿cuáles son los supuestos que deben de acontecer para que se ponga en liza un ERTE?

• SUPUESTOS ECONÓMICOS: Suelen ser las más habituales, y se argumentan demostrando uno o varios períodos prolongados de tiempo en la que la empresa sufre pérdidas económicas, o por el contrario una bajada considerable de ingresos que haga inviable a la empresa mantener la estructura de gastos habitual.
• SUPUESTOS ORGANIZATIVOS: También son muy comunes, y casi siempre vienen dados por una unificación en procesos, centros, personal como consecuencia de una perdida económica continuada, que obliga a la empresa a, por ejemplo, cerrar algún centro de trabajo, unificar departamentos y personal, o suprimir servicios que se prestan a clientes.
• CAUSAS TÉCNICAS: Son más complejas, pero tienen que ver con que la empresa cesa en su viabilidad al haber cambiado procesos en su modelo de producción.
• CAUSAS DE PRODUCCIÓN: Al igual que en los supuestos económicos, las causas de producción se producen cuando en un período de tiempo prolongado la empresa sufre un descenso de ventas muy riguroso.

Y, ¿cuáles serían las principales diferencias entre ERE y ERTE?

El pasado 19 de Diciembre de 2018, El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha determinado en esta sentencia el modo en que deben de calcularse los intereses cobrados por las cifras que los bancos deben de abonar a un prestatario, tras haberse anulado la cláusula de gastos de un contrato de préstamo hipotecario.

Conviene tener presente que aquí no se ha discutido la nulidad de la citada clausula, si no que se pretendía dirimir la cuestión relativa a los intereses.

En esta sentencia, se ha condenado al prestamista a que abone al prestatario diferentes cantidades relativas a los famosos gastos de tasación, gestoría, etc, teniendo además presente que los intereses que se hubieran generado con el paso del tiempo también suponían una cantidad imputable al prestamista, aunque la Audiencia Provincial, a este respecto, ha estimado, que dichos intereses se abonarían desde que se hubiese presentado la reclamación extrajudicial.

Por lo tanto, se ha tenido en consideración, las reclamaciones interpuestas por el consumidor, considerando abusiva la clausula en cuestión, debiendo de actuar ante tal clausula como si nunca hubiera estado encuadrada en el contrato. Así, se ha seguido el dictamen e interpretaciones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea auspiciaba. Con lo cual, se le impone a la entidad prestamista el abono total al consumidor de todos los gastos inherentes a costes de tasación gestoría y demás.

En la sentencia, se habla de que el banco se habría lucrado de forma abusiva, al ahorrarse unos costes de los que debería haberse responsabilizado, y que la citada clausula improcedente estipulaba que abonase el consumidor.

En definitiva, y ara finalizar, la entidad bancaria deberá abonar todos los intereses legales relacionados con gastos de tasación y gestoría desde la fecha en que el consumidor realizó los pagos.

Si nos ceñimos a los datos que se desprenden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el tercer trimestre de este 2018, en cuanto a sentencias que se hayan dictado por casos de Violencia de género, nos daremos cuenta de que casi el 75% de las mismas han sido condenatorias, es decir, en un altísimo porcentaje se dictamina por parte del CGPJ que son susceptibles de ser llevadas hasta el final y de merecer condena para el infractor.

Por desgracia, sigue siendo una cifra infame, y que cada vez parece ser que está más extendida en nuestra sociedad, o al menos salen cada vez más a la luz situaciones de este tipo. Para ser más concretos, hay que decir que han sido más de 10.500 fallos condenatorios en el entorno de la violencia de género, de los cuales casi el 75% tuvieron una sentencia de culpabilidad.

Si lo comparamos con las cifras que se arrojan en el mismo tramo del año 2017, sacaremos como conclusión que ha habido un incremento del 2,5% aproximadamente en este 2018. Esto hace que quizás debamos de plantearnos si se está consiguiendo mejorar en este aspecto, ya que cada año siguen subiendo estas cifras, y las herramientas y mecanismos puestos a disposición de la ley para esta lacra no parecen ser suficientes para frenar esta sangría en el entorno de la sociedad española. Y es que hablamos, a estas alturas del año, de más de 40.000 víctimas que han sufrido cualquier tipo de violencia de género o doméstica, según la estadística que se puede ver en CGPJ.

Conviene recordar que las denuncias presentadas han subido un 2,5%, dato que puede parecer negativo, pero que si se mira con lupa puede suponer también, que ya no existe ese silencio que hacía que a veces se llegase al peor de los desenlaces por no haber actuado antes.

En cuanto a las zonas españolas más afectadas por RATIO habitantes por KM cuadrado, hay que señalar lo siguiente:

• Las islas Baleares, la Comunidad Murciana y la Valenciana son las que alcanzan un porcentaje más alto de episodios de violencia de género, siendo Extremadura la que menos.

Por último, señalaremos que han existido unos 300 casos, en los que se ha tomado la determinación de suspender la guarda y custodia y en otros 200 casos a la supresión del régimen de visitas.

¿Sabía usted que si se ve envuelto en un accidente de tráfico en el que se producen lesiones tiene derecho a percibir una indemnización?

En el mundo en el que nos movemos , ya casi todo el mundo tiene la respuesta a esta pregunta, lo que quizás no sabe, por ejemplo, es que tanto si está conduciendo como si va de acompañante, y dependiendo de las lesiones sufridas, el seguro o seguros de los vehículos implicados deben hacerse cargo de conceptos tan importantes como son los días que permanezcas de baja médica, los gastos inherentes a cualquier cura o tratamiento, las secuelas, o las meras lesiones producidas en el siniestro.

Conviene que tengamos presente que los plazos que normalmente hay habilitados para interponer una denunciavarían dependiendo de si se hace por la vía penal o por la vía civil:

• En el caso de la vía civil, y tanto para los daños personales como los materiales, el plazo es de un año.
• Mientras que en la demanda penal hablamos de 6 meses para los daños personales y 1 año para los materiales.
• En ambas vías, la tramitación comunicación del accidente debe comunicarse a la compañía aseguradora antes de los 7 días siguientes al siniestro.

Cuando sucede algún accidente o siniestro, en le que nos vemos involucrados, las compañías aseguradoras han extendido un falso supuesto o afirmación, que consiste en que lo más fácil para los implicados es que sea su compañía de seguros quien se encargue de todo, tanto de los gastos relativos a la baja, como a los posibles gastos relacionados con tratamientos, como incluso la probable indemnización por secuelas sufridas. Esto suele ser negativo para los implicados, ya que, las propias compañías de seguros tienen acuerdos y convenios entre ellas, y es muy poco probable que se interesen en sobremanera de proteger los intereses de los usuarios, por lo menos al 100% como haría un bufete como el nuestro.

Es muy importante, un datos que vamos a destacar, y es el de que casi todas las compañías de seguros incluyen en la póliza que usted contrata, una partida presupuestaria para que un abogado pueda hacerse cargo de su defensa, y ese abogado no tiene porque ser desigando por el Seguro, sino que legalmente usted puede elegir el letrado de su confianza.

Desde DIMENSION JURIDICA, llevamos muchos años tratando este tipo de casos, y contamos con una dilatada experiencia que hace que en este tipo de desagradables momentos os brindemos un asesoramiento legal total que vele por los intereses de la salud del cliente y de posibles indemnizaciones por lesiones o secuelas.

Un colectivo formado por jueces principalmente, ha establecido que todas las aerolíneas que sufran huelgas o parones por parte del personal que lo componen, y que este parón perjudique de manera directa o indirecta a los usuarios, deberán de indemnizar de manera proporcional a los pasajeros/usuarios. Se comenta que estas compensaciones pueden llegar hasta incluso los 600€ por persona.

Esta decisión adoptada por este grupo de jueces no es algo nuevo, ya que han basado los pilares de su decisión en una doctrina ya emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a este respecto.

Como podrán imaginar, las principales aerolíneas afectadas por esta decisión no son otras que las conocidas como “low cost”.  A este respecto, la más famosa por sus bajos precios y por sus “restricciones” es la firma irlandesa “RYANAIR”. El hecho de llevar a acabo estas prácticas de poco gasto y de restringir muchos servicios, ha desembocado en que Ryanair haya sufrido varias huelgas de personal (tanto de pilotos como tripulación), que han dañado de manera directa e indirecta a los pasajeros que decidieron volar con esta compañía.

Ryanair, sin embargo, se ha negado en rotundo de que sea responsable directa o indirecta de estos perjuicios que le haya podido ocasionar a los usuarios, y han usado una excusa muy curiosa para defenderse, alegando que del mismo modo que la meteorología adversa es una circunstancia extraordinaria, lo mismo sucede con las huelgas de personal, aspecto este último que dicen no poder prever ni controlar.

Para rebatir estas excusas, el grupo de jueces de lo mercantil, han querido diferenciar lo que es una huelga propia (de la propia compañía Ryanair) o ajena (de personal relacionado con las aerolíneas, pero de manera masiva en todas o casi todas las compañías de vuelo, no solo Ryanair). Si es el primer supuesto el que se produce, y así parece haber sido en los últimos meses, no será esta situación considerada como una “circunstancia extraordinaria”, sino que será la aerolínea en cuestión quién se deba de responsabilizar de los perjuicios ocasionados a los pasajeros.

La sala 1ª del Tribunal Supremo ha hecho firme la sentencia por la cual un progenitor, divorciado o separado, que habite en una vivienda familiar con hijos comunes, y decida llevar a su actual/nueva pareja para que resida en dicha vivienda familiar, pierda todos los derechos de uso y disfrute de ese inmueble.

De hecho, el Tribunal Supremo, ha ido más allá indicando que cuando se produzca esta coyuntura, con carácter inmediato, deberán liquidarse los bienes gananciales, abandonando dicha residencia, el que en ese momento morase en la vivienda.

El proceso que ha sentado Jurisprudencia en este caso, ha sido tras la reclamación de un padre que ha demandado a su exmujer. Esta última, pasado un tiempo de haberse hecho efectivo el divorcio, y tras el anterior juicio haber conseguido el privilegio de residir en la vivienda familiar, decidió llevar a vivir a su nueva pareja al entorno familiar.

El principal argumento que ha puesto de manifiesto el Supremo para adoptar esa decisión, ha sido el de que el privilegio con el que cuenta, el progenitor en cuestión, de residir en esa vivienda, se pierde de manera literal en el preciso instante en el que se disuelva ese carácter familiar. Literalmente la afirmación utilizada por el Tribunal Supremo ha sido…«ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio».

Otro razonamiento que ha puesto en la palestra el Supremo ha sido el de recordar que por encima de cualquier situación está el interés de los hijos, debiendo anteponer cualquier circunstancia a mantener un ambiente familiar idóneo y acorde con un cambio tan drástico como supone un divorcio. Además, el Supremo ha añadido, que al tratarse de una vivienda en “sociedad de gananciales”, existen otras alternativas que sean acordes con los intereses de todas las partes; como suponen las de que ese 3º, que se incluye en la unidad familiar, compre la parte de la vivienda que le compete a ese progenitor que ya no reside en dicha vivienda.