Ficheros sobre solvencia. Protección de datos. Registro de morosos.

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           La Sentencia Nº 114/2016 del Tribunal Supremo, de 1 de marzo de 2016, confirma que no es necesaria condena judicial firme para que sea legítima la inclusión de los datos de carácter personal en los registros de morosos.

             El Alto Tribunal entra en detenimiento a analizar el motivo primero del recurso de casación: “La vulneración del derecho al honor de la actora” y establece los siguientes requisitos, en su Fundamento de Derecho Quinto, para incluir datos de carácter personal en ficheros sobre solvencia patrimonial:

            […] los datos objeto de tratamiento deben ser auténticos, exactos, veraces y deben estar siempre actualizados, y por ello el interesado tiene derecho a ser informado de los mismos y a obtener la oportuna rectificación o cancelación en caso de error o inexactitud, y en cuanto a obligaciones dinerarias se refiere, la deuda debe ser además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable, siendo necesario además el previo requerimiento de pago.

            La segunda cuestión analizada por el Tribunal Supremo, en esta sentencia, es si es necesaria o no una condena judicial firme para incluir los datos relativos a la deuda en un registro de morosos, el tribunal se pronuncia en los siguientes términos:

            Que los acreedores no puedan utilizar la inclusión de los datos de sus clientes en estos registros como método de presión para lograr el cobro de deudas discutidas, como hemos declarado ya en varias sentencias, no significa que sea necesaria una condena judicial como requisito previo para poder incluir los datos de un deudor en uno de estos registros.

Bankia se queja del “trabajo de los abogados”

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Apenas hace  tres semanas desde que Bankia activara el protocolo para retornar la inversión a los accionistas que concurrieron a la salida a Bolsa,  y la entidad ha recibido 125.000 solicitudes de reclamación.

El 61% ya ha recuperado su dinero. Desde el 18 de febrero, el banco ha desembolsado 358 millones de euros en indemnizaciones.

En éste tiempo, se ha suscrito acuerdos con una decena de despachos, que pondrán fin a alrededor de 10.000 casos judicializados. Aunque no todos los letrados siguen este camino. Según el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, los hay que aportan “información tergiversada” a sus clientes para convencerles de que continúen con los litigios.

“Una mayoría asesora de forma impecable. Pero rogaría a los despachos de abogados que aplicaran los criterios éticos y deontológicos para transmitir la oferta de Bankia tal cual es. El deber de todo abogado es defender los intereses del cliente”. “No es aceptable la desinformación ni el engaño”, apostilló.

Existe, a juicio de Goirigolzarri, un conflicto de intereses en la actuación de algunos despachos especializados en causas bancarias.  Bankia ha detectado, de hecho, misivas remitidas a afectados en las que se exponen datos inciertos. “No es verdad que los afectados tengan que pagar las costas, porque las asume el banco; ni que se les aplique una retención del 19%, porque el tratamiento fiscal es el mismo que habrían obtenido con una sentencia favorable”, puntualizó Goirigolzarri.

Frente al criterio de los letrados que sostienen que la vía judicial sigue siendo la opción más rápida y eficaz para recuperar el dinero, el presidente de Bankia realizó una defensa cerrada de su oferta alternativa. “Es una solución gratuita, rápida y transparente”, presumió ayer, e implica el abono inmediato de todas las cantidades. El plazo medio para tramitar las solicitudes se sitúa en 9,3 días, según las estimaciones del banco.

La propuesta de Bankia, que contempla la devolución íntegra de la inversión en acciones más un interés compensatorio del 1% anual, responde a una nueva estrategia procesal motivada por las dos sentencias del Tribunal Supremo. Ambos fallos corroboran la existencia de irregularidades en el folleto informativo de la salida a Bolsa y crean jurisprudencia. Cerca de 200.000 accionistas minoritarios acudieron a la Oferta Pública de Suscripción (OPS), en junio de 2011; por lo que el retorno de los títulos podría costar a la entidad alrededor de 1.500 millones.

Bankia puede afrontar este proceso gracias a las provisiones que se han realizado en los últimos años, y que el pasado diciembre se elevaron hasta los 1.800 millones de euros,  dado el aumento exponencial en el número de demandas judiciales por acciones. Estas contingencias no impidieron que el banco cerrara 2015 con 1.040 millones de euros de beneficios, un 39,2% más que el ejercicio anterior, y que cumpliera con todos los puntos del plan estratégico 2012-2015.

Goirigolzarri destacó que Bankia es la entidad, de entre las seis mayores del país, con mejor ratio de eficiencia, mayor nivel de capitalización, mayor rentabilidad sobre fondos propios y mayor beneficio atribuible en las operaciones en España. Asimismo, el grupo financiero también ha superado el plan de reestructuración impuesto por la Comisión Europea dos años antes del plazo otorgado por Bruselas.

Estos resultados avalan el reparto de un dividendo que este año alcanza los 302,3 millones de euros. La junta de accionistas ratificó ayer esta operación a propuesta del consejo de administración. El abono es el segundo en la historia de Bankia tras el transferido en 2015, por valor de 202 millones.

Homenaje al día de la mujer

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La Dama de la Justicia (Del latín: Iustitia, la diosa romana de la Justicia, que es equivalente a la diosa griega Dice).

La personificación de la justicia equilibrando la balanza de la verdad y la justicia se remonta a la diosa Maat, y más tarde Isis, del antiguo Egipto. Las deidades helénicas Temis y Dice fueron posteriormente diosas de la justicia. Temis era la encarnación del orden divino, el derecho y las buenas costumbres, en su aspecto como la personificación de la justicia divina de la ley. Sin embargo, una conexión más directa es a Dice, hija de Temis, quien fue retratada llevando balanzas.

“Si algún dios hubiera estado sosteniendo el nivel de la balanza de Dice” es un fragmento sobreviviente de la poesía de Baquílides. La Antigua Roma adoptó la imagen de una diosa femenina de la justicia, que se llamaba Iustitia. Desde tiempos romanos, Iustitia ha sido frecuentemente representada llevando una balanza y una espada, con los ojos vendados. Su iconografía moderna adorna con frecuencia juzgados y tribunales, y combina los atributos de varias diosas que encarnaban la regla adecuada para los griegos y los romanos, mezclándose los ojos vendados de la diosa romana Fortuna (el destino), con la griega Tyche (la suerte), y la espada de Némesis (la venganza).

Justitia es más a menudo representada con una balanza típicamente suspendida de su mano derecha, en la que se mide la fuerza de apoyo de un caso y la oposición. Ella también es a menudo vista llevando una espada de dos filos en su mano izquierda, simboliza el poder de la razón y la justicia, que puede ser ejercido a favor o en contra de cualquiera de las partes.

Compliance Empresarial

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¿Cómo va a afectar la nueva legislación de “Compliance” a mi empresa?

El día 23 de Diciembre del año 2010, el código penal sufrió una modificación difícil de entender para muchos abogados, estableciendo la mencionada reforma el principio denominado “societas delinquere Potest”, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Como últimamente viene sucediendo a lo largo de los años, la Unión Europea y el legislador español, se ha guiado por la normativa norteamericana. Los principios de Corporate Governance, Corporate Social Responsability, Know Your Client, whistleblowing etc., todos ellos provienen de la factoría de los EE.UU. La realidad es que nos encontramos ante un momento histórico, en donde confluyen las leyes y principios del derecho anglosajón y continental y que han tenido cabida también en países como Japón y China. Hace diez años, era impensable que en Europa, las empresas pudieran llegar a ser condenadas por haber cometido un delito.
Una vez entrada en vigor la reforma del Código Penal (Diciembre 2010) y tras estudiamanosr y profundizar en el principio denominado compliance (cumplimiento normativo), se puede afirmar y defender, que la responsabilidad penal de las empresas y las políticas preventivas internas en la empresa en torno a los sistemas de compliance, no sólo tienen un sentido lógico, máxime después de los abusos ocurridos en la actual crisis económica, sino que, sin haberlos defendido antes de la entrada en vigor de la reforma, se entiende que son imprescindibles y ello porque, establece las políticas éticas y la cultura de cumplimiento normativo en la empresa, “las reglas del juego”, obviando que el Estado no puede convertirse en “el policía” de las empresas. El Código Penal español incide en la importancia del auto control, debiendo tener implantado un sistema interno para la prevención, detección y minoración del riesgo de la comisión de delitos, haciendo cambiar la mentalidad a ciertos empresarios, directivos y empleados acerca de la prevención del riesgo interno y externo y de la importancia de ser éticos y responsables a nivel social, empresarial, económico y fiscal.
Muchas son las empresas públicas y privadas que, a través de la actuación activa u omisiva de sus directivos han causado grandes y graves perjuicios a directivos, accionistas, inversores, al mercado y a la sociedad en general. Y ante esa motivación delictiva de la persona, la empresa debe de actuar a través de efectivas políticas de control.
La CIRCULAR DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 1/2016.
Ante tanta incertidumbre, el código penal, nuevamente tuvo que ser modificado, en el sentido de establecer de manera clara y concisa, los requisitos que los programas de cumplimiento normativo y prevención contra delitos debían tener para que la empresa y el empresario estuvieran exentos de responsabilidad penal. La reforma de la norma penal vio la luz en el mes de julio del año 2015.
La Circular de la Fiscalía General de Estado, respecto a la responsabilidad penal de la empresa, ahora sí, a través de la esperada y necesaria Circular, realiza un completo estudio acerca del modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras la reforma del artículo 31 bis del código penal, las personas jurídicas imputables e inimputables, el incumplimiento grave de los deberes de supervisión y sobre todo, el régimen de exención de los dos títulos de imputación de la persona jurídica, las condiciones y requisitos de los modelos de organización y gestión y la figura del oficial de cumplimiento normativo.
La Circular de la FGE, respecto a los programas de Compliance manifiesta que éstos deben de ser:
• Claros, Precisos y Eficaces, redactados por escrito, con un juicio idoneidad entre contenido del programa y la infracción, sin que se pueda utilizar el “copiar y pegar” de otros modelos y lo más importante, la finalidad prioritaria de dichos modelos no pueden ser, eludir el reproche penal, sino reafirmar una cultura corporativa de respeto a la ley, dónde la comisión de un delito constituya un acontecimiento accidental y la exención de la pena, una consecuencia natural de dicha cultura.
• Respecto a su eficacia preventiva, la Circular manifiesta que se debe posibilitar la detección de conductas criminales a través de un Canal de Denuncia, Confidencial y que se debe de hacer un esfuerzo en proteger al denunciante –WHISTLEBLOWER-.
• Se debe de interponer SANCIONES antes incumplimiento de CODIGO ETICO.
• Se debe de verificar su eficacia periódicamente.
• No se considerará efectivo ningún Plan de Compliance si la aplicación central de la compañía no es robusta o no se ha auditado debidamente.
• Las certificaciones sobre IDONEIDAD expedidas por las empresas, se apreciaran como elemento adicional más del interés por parte de la empresa por cumplir con la Ley.
• En Empresas de cierto tamaño, fundamental la implantación de sistemas informáticos, aplicaciones informáticas -tools- que controlen con la máxima exhaustividad los procesos internos de negocio de la Empresa.
• En Pequeñas Empresas, se extremará prudencia en su imputación. Podrán demostrar compromiso ético mediante razonable adaptación que les permita acreditar su cultura de cumplimiento normativo y en coherencia con las menores exigencias que tienen desde el punto de vista contable, mercantil y fiscal.
Por tanto, las empresas deben de implantar las políticas de prevención contra delitos, con el propósito fundamental de que todos sus empleados se conviertan en oficiales o agentes de cumplimiento normativo, que las personas se sientan orgullosas de trabajar en la empresa, que lo valores éticos, el cumplimiento de las normas y la responsabilidad corporativa sea un aspecto de importancia nuclear y que las personas que observen conductas contrarias a la norma interna o las leyes, puedan denunciar dichos hechos con la seguridad de no sufrir represalias y sí beneficios.

Divorcio exprés paso a paso

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Si una pareja decide solicitar el divorcio exprés y cumple con todos los requisitos necesarios que compartimos en esta entrada de nuestro blog, es el momento de iniciar el procedimiento.
En esta ocasión explicamos paso a paso en qué consiste este proceso que concluye con la firma de la sentencia.

  1. Para comenzar a tramitar su divorcio exprés, el primer paso consiste en elegir al abogado que gestionará su procedimiento de divorcio.
  2.  Lo siguiente, una vez acordado el presupuesto, será preparar y firmar un Convenio Regulador en el despacho del abogado en cuestión. En éste aparecerán los acuerdos mutuos que la pareja haya establecido. Entre los diferentes temas deberán aparecer los siguientes: La determinación de la custodia de los hijos, en el caso de que los hubiera. Así como el régimen de visitas, comunicaciones y estancia con el progenitor que no viva habitualmente con ellos. Existe la posibilidad de fijar un régimen de guarda y custodia compartida.
    Quién se quedará con la residencia habitual y otras pertenencias familiares como los muebles o el coche.
    La cantidad que se fijará como pensión para los hijos del matrimonio. La disolución de los bienes económicos matrimoniales o bien indicar en el Convenio Regulador que se pospone dicha liquidación para otra fecha
    En el caso de que sea necesario, la pensión que se fijará al cónyuge al que la separación le suponga un empeoramiento económico al de su situación anterior en el matrimonio, o la renuncia a su percibo cuando así se acuerde.
  3.  Una vez esté cerrado el convenio regulador, tendrá que obtenerse en el registro civil un certificado literal de matrimonio y de nacimiento de los hijos si los hubiere. Así como un poder notarial a favor del abogado y del procurador.
  4.  Cuando tengamos todos los documentos requeridos, ya se podrá presentar la demanda con el abogado y procurador. Se aconseja hacerlo en el Juzgado del último domicilio en común o en el de cualquiera de los miembros del matrimonio en el caso de que ya viviesen separados.
  5. El juez pedirá que la pareja comparezca en el Juzgado en una o dos semanas tras la presentación de demanda para ratificarla.
  6. Si se da la ratificación, el Juez tendrá que examinar si el convenio regulador es adecuado tanto para ambos miembros de la pareja como para sus hijos. En el caso de que no sea así, concederá un plazo de 10 días para proponer un convenio rectificado, limitado a los puntos desaprobados.
  7.  Cuando sea presentada la nueva propuesta, o el plazo concedido para ello, el Juez resolverá la sentencia oportuna, atendiendo al interés general de la familia.
  8. Y finalmente, en un plazo de dos o tres meses, dependiendo la carga del juzgado, se dicta sentencia. Pasando posteriormente la notificación al Registro Civil para que se haga efectiva.
  • En Dimensión Jurídica, expertos en la rama de Derecho de Familia, ofrecemos un asesoramiento integral y especializado a las parejas. Nuestra dilatada experiencia nos avala en la resolución satisfactoria para nuestros clientes.